Compro comida, pero el alquiler se retrasa: los inmigrantes informan de cómo utilizan la ayuda de emergencia

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imigrantes relatam como usam o auxílio emergencial
imigrantes relatam como usam o auxílio emergencial - quando conseguem acessar o benefício). (Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

Aunque se aplica a los inmigrantes, el acceso a la prestación se enfrenta a una serie de obstáculos

Por MigraMundo equipe
Traduccion: Natália Valverde
Version en portuguès

*A petición de los entrevistados, se cambiaron algunos nombres para preservar la identidad.

Al igual que los brasileños de bajos ingresos, los inmigrantes en esta situación en Brasil también han recurrido a la ayuda de emergencia como forma de enfrentar la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el acceso a este beneficio se enfrenta a una serie de obstáculos, mientras que las dificultades generadas por el contexto actual se abren paso con claridad.

MigraMundo habló con los inmigrantes que han solicitado ayuda de emergencia, tanto con los que han tenido éxito como con los que todavía están intentando obtener el beneficio – el plazo termina este jueves (2). Y como su nombre indica, se ha utilizado para satisfacer las necesidades básicas de los que lo han obtenido.

“Puedes comprar comida, pero hace tres meses que no pago el alquiler”, dice Rosana, una venezolana que vive en un barrio del este de São Paulo.

Antes de la pandemia, Rosana trabajaba como limpiadora y vendía paños de cocina. Sin embargo, estas actividades se vieron interrumpidas por las acciones de aislamiento social impuestas para detener la propagación del virus.

“Gracias a Dios que hay al menos suficiente comida”, dice, utilizando la ayuda de emergencia para este fin, a pesar de la inseguridad generada por no pagar el alquiler. Aún así, cuenta con la ayuda de amigos y sigue intentando ayudar a un colega colombiano a solicitar el beneficio a tiempo.

Ayuda rechazada

El sastre boliviano Hernán, que pidió que no se publicara su apellido, no tuvo tanta suerte. También viviendo en São Paulo, está entre los que no recibieron el beneficio, solicitado también en los primeros días del programa.

Hernán fue uno de los inmigrantes que se topó con el tema del CPF, el documento principal para el registro en la ayuda de emergencia. Aunque estaba en una situación regular, la falta de información sobre el nombre de su madre, requerida en la solicitud de la prestación, bloqueó la solicitud. Incluso después de resolver el asunto, esperó semanas para una respuesta, que cuando llegó, fue negativa.

La situación de Hernán es menos grave porque su esposa, que lo solicitó días antes que él, obtuvo el beneficio – y con él, dando a la familia una salida a la crisis (además de la pareja, hay dos hijos más).

“Estamos tratando” resume el sastre – el sector textil, que emplea a muchos inmigrantes, fue uno de los más afectados por la pandemia.

El área de eventos también sufrió un fuerte golpe con el nuevo coronavirus. Esto tiene un impacto directo en la vida del artista sudafricano Nduduzo Siba, que también vive en São Paulo.

Al igual que Hernán, solicitó ayuda de emergencia tan recientemente como en abril, poco después de que el gobierno lanzara la solicitud. Su petición, sin embargo, fue denegada. Y tres meses después, incluso con la ayuda de miembros de la sociedad civil, Siba todavía no podía resolver su caso.

“Han pasado tres meses desde que pagué el alquiler”, dice la artista, que, como Rosana, teme ser desalojada. Sin embargo, todavía está tratando de mantener el ánimo y la motivación para una presentación cultural que hará el próximo sábado (4), en línea, junto con otros artistas – la primera después de tres meses – en Latinidades Afrolatinas (acceda aquí para más información)

Obstáculos

Según la Caixa Econômica Federal, actualmente hay 64,3 millones de personas cubiertas efectivamente por la ayuda de emergencia en Brasil. El banco estatal también informa de que ha procesado un total de 107,7 millones de registros. En otras palabras, más de 40 millones de solicitudes fueron prohibidas por alguna razón.

Uno de los intentos de las autoridades públicas de responder a estos y otros obstáculos, que también afectan a los brasileños, fue la creación de una asociación entre el Ministerio de Ciudadanía y la DPU (Defensoria Pública da União, en portugués). A través de él, el objetivo es hacer un análisis más rápido de algunas de las hipótesis de rechazo.

Para ello, el solicitante debe buscar una unidad DPU a distancia (teléfono, WhatsApp o correo electrónico) – los contactos están disponibles en el portal de la institución. La asistencia a una unidad sólo debe ocurrir en casos extremos, si se solicita.

Es importante destacar que la asociación entre la DPU y el Ministerio de Ciudadanía abre un nuevo frente para corregir los errores en el análisis de los registros, pero no garantiza la solución del problema. La DPU ha creado una sección de preguntas y respuestas con las principales preguntas sobre la iniciativa.

Además de la asociación, la DPU ha desarrollado artesanías e incluso una Acción Civil Pública (ACP) contra el sistema bancario nacional para tratar de garantizar el acceso de los inmigrantes a la ayuda. Sin embargo, según las conclusiones de MigraMundo, la Caixa Econômica Federal sigue ignorando las recomendaciones de la DPU.

La abogada Karina Quintanilha, asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía de los Inmigrantes (CDHCI) y curadora-investigadora del Foro Internacional sobre las Fronteras, en la USP, también cita otros obstáculos a los que se enfrentan los inmigrantes que han obtenido el derecho a la ayuda de emergencia.

“Recibimos informes de inmigrantes a los que se les aprobó su registro pero que temían sufrir xenofobia y racismo en las filas de la Caixa, entre otras cosas porque las propias agencias dificultaban la retirada del beneficio. Debemos recordar que según nuestra legislación, cualquier forma de discriminación de raza/etnia y nacionalidad es ilegal”.

Necesidad de movilización

Para Quintanilha, estos y otros obstáculos que se han hecho explícitos con los problemas vinculados a la ayuda de emergencia refuerzan la necesidad de movilizaciones como la que exige la regularización de los inmigrantes indocumentados.

“En la mayoría de los casos, el que lo consiguió sin demasiados problemas es el que ya recibía Bolsa Família. Y quien no lo ha logrado es porque sigue teniendo problemas de registro o problemas relacionados con la política de indocumentación, es decir, el Estado impone barreras burocráticas y costosas para que el inmigrante se regularice, de ahí la importancia de la Campaña de regularización migratoria durante la pandemia de Covid-19”.

La movilización, tocada por una serie de colectivos de inmigrantes y asociaciones vinculadas al tema, también ayudó a fundamentar un proyecto de ley en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley 2699/2020 “instituye medidas de emergencia para la regularización de las migraciones en el contexto de la pandemia del Covid-19 y adopta otras disposiciones”.

El 9 de junio se lanzó una petición en línea para la aprobación urgente del PL 2699/2020 por el Congreso Nacional. Con la petición, el propósito de los colectivos es presionar a los parlamentarios para un rápido examen y aprobación del proyecto.

Según el sitio web de la Cámara de Representantes, la PL todavía está esperando el envío del Presidente de la Cámara, Rodrigo Maia – que comienza oficialmente el procesamiento del texto.

La lucha por la regularización de los inmigrantes no se limita al Brasil. El viernes pasado (26), organizaciones de cinco países -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú- llevaron a cabo una movilización en las redes sociales para la regularización de los migrantes indocumentados en el esfuerzo por combatir la pandemia.

Además de América del Sur, hay movimientos similares en los países europeos que están presionando para que se introduzcan cambios en la legislación que faciliten por lo menos la regularización de la migración como parte de las respuestas a la pandemia.

El razonamiento es sencillo: una vez en situación regular, los migrantes tendrían un acceso más fácil a servicios como la salud y la vivienda, lo que les permitiría disponer de más elementos para prevenirse contra el virus. Así pues, están oficialmente incluidos en los esfuerzos colectivos para controlar la pandemia, en un movimiento que beneficia a la sociedad en su conjunto.

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